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CDC San Vicente

Nacionales

Diputados interponen aviso ante FGR contra exfuncionarios por falsedad, enriquecimiento ilícito y cohecho

Los diputados de la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos en pasadas administraciones interpusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra cuatro exfuncionarios por posible cometimiento de delito de falsedad, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Los implicados son el exvicepresidente de la República (1999-2004), Carlos Quintanilla Schmidt; la exvicepresidenta de la República (2004-2009), Ana Vilma de Escobar; el exsecretario jurídico de la Presidencia (2004-2009) y actual director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Luis Mario Rodríguez; el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), de 2006 a 2008, y actual diputado por el partido ARENA, Rodrigo Ávila.

Ana Vilma de Escobar, Luis Mario Rodríguez y Rodrigo Ávila fueron funcionarios del Gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, quien presentó ante la comisión pruebas de los sobresueldos entregados. El periodo de Carlos Quintanilla Schmidt fue durante la gestión del expresidente Francisco Flores.

“Están siendo perseguidos, no por su criterio político, estamos persiguiendo delincuentes, porque cometieron delitos, se apropiaron de dinero del erario público que fue a parar a sus bolsillos. Hemos revisado sus respuestas en la comisión, audios, videos y documentación […] Estamos aquí para solicitar que se realice el proceso pertinente para determinar las responsabilidades que le atañen a cada uno”, aseveró el presidente de la comisión, Jorge Castro.

Explicó que las personas mencionadas, durante su comparecencia en la Comisión Especial, declararon información distinta a la que consta en la documentación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo cual uno de los delitos incluidos en el aviso es la falsedad.

Por haber recibido sobresueldos, los exfuncionarios podrían ser acusados por enriquecimiento ilícito y cohecho, por recibir dádiva o retribución provenientes de fondos públicos.

“El Ejecutivo tomaba este dinero público y pagaba sobresueldos, compraba voluntades y a los tanques de pensamiento, movía a El Salvador a su antojo […] En el Órgano Judicial se compraba impunidad, en el Legislativo se compraban votos. Queremos establecer un precedente para que esto no suceda más; son millones en sus bolsillos que no se destinaron ni a Salud, ni a Educación”, señaló el diputado Castro.

El legislador dijo que, por el momento, no se puede revelar información sobre el monto de los sobresueldos, debido a que la información, una vez entregada a la FGR, pasa a ser confidencial mientras se efectúa la investigación.

No obstante, detalló que hay sobresueldos de hasta $40 mil mensuales, este caso se encuentra actualmente en investigación. Asimismo, afirmó que se calcula que más de 600 funcionarios recibieron dinero público, a parte de su salario.

El parlamentario dijo que la comisión continuará indagando acerca de la entrega de sobresueldos. Manifestó que en el caso de la diputada Margarita Escobar, quien no se presentó al citatorio por motivos de salud, no remitió constancia médica para justificar su ausencia.

La comisión le ha notificado a la diputada que debe enviar el comprobante del médico, caso contrario, será llevada a comparecer ante la junta por apremio, según explicó el diputado Castro.

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Nacionales

Sujetos acusados de matar a instructor del coro de una iglesia, permanecerán en prisión mientras son investigados

En la primera audiencia realizada por el Juzgado de Paz de Jayaque, en contra de José Vidal García Girón y Francisco Cruz Dimas, la Fiscalía logró que los imputados sigan en prisión mientras continúan las investigaciones en su contra.

Ambos son procesados por asesinar al instructor del coro de una iglesia donde eran miembros.

Según las investigaciones, García y Cruz se encontraban departiendo en año nuevo junto a la víctima. Luego de una fuerte discusión, lo atacaron con un arma blanca ocasionándole graves heridas que le causaron la muerte.

Este crimen ocurrió en el 2025 en Jayaque, La Libertad Oeste y enfrentaron

El requerimiento se presentó el viernes 17 de enero.

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Nacionales

Homicida es condenado a 15 años de prisión

Edgar Isai Molina Hernández fue sentenciado a quince año de prisión por el delito de homicidio simple. El crimen fue cometido el uno de enero de 2024, en el distrito de Santa Isabel Ishuatan de Sonsonate, según la investigación fiscal.

De acuerdo a las pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, el imputado atacó con arma de fuego a su víctima e intentó huir, pero miembros de la Fuerza Armada le ordenaron que se detuviera. Hernández constantemente tenía discusiones con la víctima e incluso ya le había amenazado de muerte por redes sociales antes del crimen.

La víctima fue trasladada a un hospital en Sonsonate, pero falleció por las graves lesiones provocadas por el imputado.

La pena impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.

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Nacionales

Asamblea amplía plazo para que empresarios de buses renueven sus unidades

Para beneficiar a los salvadoreños que utilizan el transporte público, la Asamblea Legislativa prorrogó, con 56 votos, el decreto 774 que contiene disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionario y permisionarios, ampliación de plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales.

El decreto fue aprobado en junio de 2023 y sus efectos caducarán el próximo 18 de enero. Por ello, los parlamentarios acordaron dar un plazo de 18 meses a los propietarios de las unidades de transporte colectivo para sustituir los automotores que sobrepasen los 20 años de antigüedad.

Además, deberán renovar en la Dirección General de Transporte Terrestre los contratos de concesión y refrendas de tarjetas de circulación vencidas o que caducaron entre 2019 y 2023.

Según el artículo 110 de la Constitución de la República, corresponde al Estado regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas. El Viceministerio de Transporte debe vigilar que los servicios públicos se presten de forma permanente y eficientemente, orientándolos a la satisfacción de movilidad de la población.

El diputado Salvador Chacón explicó que la prórroga del decreto busca que los transportistas se pongan al día con estos trámites, para garantizar un buen servicio de transporte público a la población.

“Esta propuesta busca que los transportistas puedan ponerse al día con el tema de sustituciones, permisos y cambios de concesionarios, para que puedan darle continuidad al servicio de la población y evitar que los salvadoreños resulten afectados”, afirmó el legislador.

El diputado pidió a los empresarios de las unidades de transporte que cumplan con los requisitos establecidos.

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