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CDC San Vicente

Nacionales

Juzgados de Cuscatlán y Usulután vigilarán Centro de Confinamiento contra el Terrorismo

Un total de 66 diputados avalaron reformas a la Ley Orgánica Judicial relativas a la competencia de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Cuscatlán y Usulután, que tendrán competencia sobre el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).

De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria número 123, las disposiciones de ambos juzgados serán de manera transitoria. Ambas instituciones laborarán de manera conjunta y equitativamente ejercerán su competencia en el CECOT, situado en Tecoluca, San Vicente, mientras se crea otra sede judicial que apoye esta competencia.

Los parlamentarios señalaron que debido a que es reciente la creación de este megacentro penitenciario no está definido el Juzgado de Vigilancia y de Ejecución de la Pena que tendrá responsabilidad sobre él.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), periódicamente, realiza evaluaciones y estudios sobre la carga administrativa que tiene cada juzgado y reportó que no es viable que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente asuma sus labores en el CECOT por tener una carga laboral más elevada, en comparación con los juzgados de Cuscatlán y Usulután.

Por otro lado, el pleno legislativo también aprobó, con 66 votos, la modificación la Ley Orgánica Judicial para brindar facultades a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana, que está relacionado con el cumplimiento de las condenas impuestas en ese departamento.

De ser así, estos juzgados del departamento occidental laborarán de forma conjunta sobre el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana.

Actualmente, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena ejerce sus labores sobre personas internadas en el Centro Penal de Apanteos; mientras que, el Juzgado Segundo de Vigilancia ejerce su vigilancia en la Penitenciaría Occidental y el Centro Penal de Metapán.

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Nacionales

Sujetos acusados de matar a instructor del coro de una iglesia, permanecerán en prisión mientras son investigados

En la primera audiencia realizada por el Juzgado de Paz de Jayaque, en contra de José Vidal García Girón y Francisco Cruz Dimas, la Fiscalía logró que los imputados sigan en prisión mientras continúan las investigaciones en su contra.

Ambos son procesados por asesinar al instructor del coro de una iglesia donde eran miembros.

Según las investigaciones, García y Cruz se encontraban departiendo en año nuevo junto a la víctima. Luego de una fuerte discusión, lo atacaron con un arma blanca ocasionándole graves heridas que le causaron la muerte.

Este crimen ocurrió en el 2025 en Jayaque, La Libertad Oeste y enfrentaron

El requerimiento se presentó el viernes 17 de enero.

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Nacionales

Homicida es condenado a 15 años de prisión

Edgar Isai Molina Hernández fue sentenciado a quince año de prisión por el delito de homicidio simple. El crimen fue cometido el uno de enero de 2024, en el distrito de Santa Isabel Ishuatan de Sonsonate, según la investigación fiscal.

De acuerdo a las pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, el imputado atacó con arma de fuego a su víctima e intentó huir, pero miembros de la Fuerza Armada le ordenaron que se detuviera. Hernández constantemente tenía discusiones con la víctima e incluso ya le había amenazado de muerte por redes sociales antes del crimen.

La víctima fue trasladada a un hospital en Sonsonate, pero falleció por las graves lesiones provocadas por el imputado.

La pena impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.

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Nacionales

Asamblea amplía plazo para que empresarios de buses renueven sus unidades

Para beneficiar a los salvadoreños que utilizan el transporte público, la Asamblea Legislativa prorrogó, con 56 votos, el decreto 774 que contiene disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionario y permisionarios, ampliación de plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales.

El decreto fue aprobado en junio de 2023 y sus efectos caducarán el próximo 18 de enero. Por ello, los parlamentarios acordaron dar un plazo de 18 meses a los propietarios de las unidades de transporte colectivo para sustituir los automotores que sobrepasen los 20 años de antigüedad.

Además, deberán renovar en la Dirección General de Transporte Terrestre los contratos de concesión y refrendas de tarjetas de circulación vencidas o que caducaron entre 2019 y 2023.

Según el artículo 110 de la Constitución de la República, corresponde al Estado regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas. El Viceministerio de Transporte debe vigilar que los servicios públicos se presten de forma permanente y eficientemente, orientándolos a la satisfacción de movilidad de la población.

El diputado Salvador Chacón explicó que la prórroga del decreto busca que los transportistas se pongan al día con estos trámites, para garantizar un buen servicio de transporte público a la población.

“Esta propuesta busca que los transportistas puedan ponerse al día con el tema de sustituciones, permisos y cambios de concesionarios, para que puedan darle continuidad al servicio de la población y evitar que los salvadoreños resulten afectados”, afirmó el legislador.

El diputado pidió a los empresarios de las unidades de transporte que cumplan con los requisitos establecidos.

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