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Nacionales

Ex funcionaria enfrentará audiencia probatoria en proceso civil por Enriquecimiento ilícito

Con la admisión de toda la prueba ofrecida por la Fiscalía General de la República, FGR, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, concluyó hoy la audiencia preparatoria en el proceso civil por Enriquecimiento ilícito, contra Blanca Imelda Jaco de Magaña, ex viceministra de Comercio e industria, del Ministerio de Economía, y dos de sus familiares.

Fiscales de la Unidad de Delitos de Corrupción dieron a conocer que la audiencia inició ayer ante esa instancia, la cual es competente para conocer procesos civiles y mercantiles, y tras la prolongada jornada concluyó este miércoles.

En el proceso figura como principal demandada De Magaña, así como su cónyuge Álvaro Alfredo Magaña Granados y Mónica Alexandra Martínez Jaco, hija de la ex funcionaria. El periodo cuestionado es del 01 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009, tiempo en el que se determinó un incremento patrimonial injustificado de $103,225.42.

Durante la audiencia, los apoderados de los demandados presentaron una serie de argumentos para que los magistrados declararan improponible la demanda; sin embargo, ante el planteamiento fiscal con abundante base legal y la falta de sustento jurídico de parte de los apoderados, las peticiones fueron declaradas sin lugar.

En la continuidad de la audiencia, los fiscales Anticorrupción continuaron aportando los distintos elementos de prueba que demuestran las irregularidades que fueron incluidas y descritas en un informe proveniente de los magistrados de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados de la Cámara Ambiental, al dar por admitida toda la prueba aportada por la FGR también dieron por aperturada la etapa de prueba y con la cual se daría por finalizado el proceso civil.

Finalmente, la audiencia probatoria fue programada a desarrollarse a partir de las 9:00 de la mañana, del próximo 22 de octubre del presente año.

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Nacionales

Sujetos acusados de matar a instructor del coro de una iglesia, permanecerán en prisión mientras son investigados

En la primera audiencia realizada por el Juzgado de Paz de Jayaque, en contra de José Vidal García Girón y Francisco Cruz Dimas, la Fiscalía logró que los imputados sigan en prisión mientras continúan las investigaciones en su contra.

Ambos son procesados por asesinar al instructor del coro de una iglesia donde eran miembros.

Según las investigaciones, García y Cruz se encontraban departiendo en año nuevo junto a la víctima. Luego de una fuerte discusión, lo atacaron con un arma blanca ocasionándole graves heridas que le causaron la muerte.

Este crimen ocurrió en el 2025 en Jayaque, La Libertad Oeste y enfrentaron

El requerimiento se presentó el viernes 17 de enero.

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Nacionales

Homicida es condenado a 15 años de prisión

Edgar Isai Molina Hernández fue sentenciado a quince año de prisión por el delito de homicidio simple. El crimen fue cometido el uno de enero de 2024, en el distrito de Santa Isabel Ishuatan de Sonsonate, según la investigación fiscal.

De acuerdo a las pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, el imputado atacó con arma de fuego a su víctima e intentó huir, pero miembros de la Fuerza Armada le ordenaron que se detuviera. Hernández constantemente tenía discusiones con la víctima e incluso ya le había amenazado de muerte por redes sociales antes del crimen.

La víctima fue trasladada a un hospital en Sonsonate, pero falleció por las graves lesiones provocadas por el imputado.

La pena impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.

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Nacionales

Asamblea amplía plazo para que empresarios de buses renueven sus unidades

Para beneficiar a los salvadoreños que utilizan el transporte público, la Asamblea Legislativa prorrogó, con 56 votos, el decreto 774 que contiene disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionario y permisionarios, ampliación de plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales.

El decreto fue aprobado en junio de 2023 y sus efectos caducarán el próximo 18 de enero. Por ello, los parlamentarios acordaron dar un plazo de 18 meses a los propietarios de las unidades de transporte colectivo para sustituir los automotores que sobrepasen los 20 años de antigüedad.

Además, deberán renovar en la Dirección General de Transporte Terrestre los contratos de concesión y refrendas de tarjetas de circulación vencidas o que caducaron entre 2019 y 2023.

Según el artículo 110 de la Constitución de la República, corresponde al Estado regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas. El Viceministerio de Transporte debe vigilar que los servicios públicos se presten de forma permanente y eficientemente, orientándolos a la satisfacción de movilidad de la población.

El diputado Salvador Chacón explicó que la prórroga del decreto busca que los transportistas se pongan al día con estos trámites, para garantizar un buen servicio de transporte público a la población.

“Esta propuesta busca que los transportistas puedan ponerse al día con el tema de sustituciones, permisos y cambios de concesionarios, para que puedan darle continuidad al servicio de la población y evitar que los salvadoreños resulten afectados”, afirmó el legislador.

El diputado pidió a los empresarios de las unidades de transporte que cumplan con los requisitos establecidos.

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